Transferencia del riesgo operacional

El argumento de que la transferencia del riesgo operacional libera plenamente a la Administración es cuestionado en los informes técnicos y estudios académicos, que lo califican frecuentemente como una percepción teórica que no se ajusta a la realidad de la gestión.

A continuación se exponen los motivos por los cuales, según las fuentes, este argumento «no es tal» o puede ser desmontado:

● El riesgo de «captura del regulador» y monopolio privado Uno de los principales contraargumentos es que la Administración no elimina el riesgo, sino que lo sustituye por el riesgo de captura de políticas. Al privatizar, el Ayuntamiento a menudo sustituye un monopolio público por uno privado, lo que conlleva la pérdida del control real sobre el servicio y la generación de rentas de monopolio que benefician a la empresa y no al ciudadano. En muchos casos, esto deriva en situaciones de corrupción o irregularidades en las negociaciones contractuales, donde la autonomía del poder público se ve comprometida por los grupos económicos del sector.

● Comportamientos oportunistas e inflación de costes:La teoría de los costes de transacción desmonta la idea de una transferencia de riesgo limpia, señalando que las empresas privadas pueden actuar con oportunismo técnico y financiero. Las fuentes indican que:

○ Las empresas suelen utilizar el desequilibrio de información (asimetría) para proporcionar datos incompletos o tergiversados a la Administración.

○ Es común que el concesionario encarezca las facturas mediante la subcontratación a precios inflados de servicios prestados por otras empresas de su propio grupo empresarial, trasladando de facto el riesgo de costes de vuelta al abonado vía tarifa.

● La falacia de la eficiencia: Precios altos vs. «Costes ocultos»: Aunque se dice que el concesionario asume el riesgo de no cubrir costes, el modelo privado se basa estrictamente en el principio de recuperación total de costes (full-cost recovery), lo que garantiza su margen de beneficio a través de tarifas más elevadas. Por el contrario, los informes señalan que:

○ La gestión pública suele mantener precios más bajos por razones electorales, financiando el servicio mediante deuda, pero el coste total para el ciudadano (precio más costes ocultos de deuda) suele ser igual o menor que bajo gestión privada.

○ Se ha demostrado empíricamente que en municipios pequeños y medianos, la gestión privada es un 22% más cara y realiza un 15,5% menos de inversión real que la pública, lo que sugiere que el riesgo de falta de inversión permanece en el sector público a largo plazo.

El «Riesgo Operacional» como juicio de valor: El informe de intervención municipal de Siero crítica que factores como el riesgo o la falta de agilidad son factores cualitativos difíciles de cuantificar que dependen de un juicio de valor y no de datos objetivos. Sostiene que la innovación y la capacidad de respuesta no dependen de la forma de gestión, sino de las prioridades que el propio Ayuntamiento establezca para el empleo de sus recursos. Por tanto, presentar la privatización como la única vía para mitigar riesgos es una premisa que puede basarse en experiencias concretas pero que no es universalmente aplicable.

Elevados costes de transacción y monitoreo: Para que la transferencia de riesgo fuera efectiva, el Ayuntamiento debería realizar un monitoreo perfecto y costoso, lo que genera nuevos gastos administrativos (costes de vigilancia, auditorías y resolución de disputas) que a menudo no se contabilizan en el modelo de gestión indirecta. Si el Ayuntamiento no tiene un equipo técnico muy preparado para controlar al concesionario, el supuesto riesgo trasladado acaba convirtiéndose en un deterioro de la calidad del servicio o en desequilibrios económicos que la Administración termina rescatando con dinero público.