Introducción

El presente documento tiene como objetivo analizar de forma rigurosa y fundamentada la propuesta de externalización del servicio de abastecimiento de agua en el Concejo de Siero, y desmontar, con datos contrastados, los argumentos utilizados por el Ayuntamiento para justificar dicho cambio de modelo de gestión.

El punto de partida del análisis no es ideológico, sino técnico y empírico. Para ello se toma como referencia principal el informe de la Intervención municipal, que examina la evolución económica y técnica de los servicios de abastecimiento y saneamiento desde 1993, así como el estudio encargado por el propio Ayuntamiento a una consultora externa. A partir de estos documentos oficiales, se contrasta el diagnóstico municipal con evidencia empírica procedente de organismos de fiscalización, estudios académicos y experiencias reales en municipios españoles y europeos.

El informe de Intervención es claro en un aspecto fundamental: el servicio de abastecimiento de agua en Siero es actualmente operativamente rentable, capaz de cubrir sus costes corrientes. Los problemas existentes no derivan del modelo de gestión pública, sino de décadas de infraejecución inversora, que han provocado el envejecimiento de las infraestructuras, un bajo rendimiento hidráulico y una dependencia creciente de suministros externos. De hecho, entre 1993 y 2024 solo se ejecutó el 31,6 % de la inversión prevista en abastecimiento.

Asimismo, el informe concluye que el servicio resulta insostenible a largo plazo con las tarifas actuales si se pretende acometer las inversiones necesarias para modernizar la red y mejorar su eficiencia. Esta circunstancia obliga, en cualquier escenario de gestión, a una revisión tarifaria. Por tanto, la subida de tarifas no es consecuencia de la gestión pública, ni se evita mediante la privatización, sino que es el resultado inevitable de una falta de inversión histórica.

Pese a este diagnóstico, el Ayuntamiento plantea la gestión indirecta como la alternativa supuestamente más eficiente, apoyándose en argumentos como menores incrementos tarifarios, transferencia del riesgo operacional, mayor capacidad técnica, agilidad inversora y economías de escala. Sin embargo, el análisis desarrollado en este documento demuestra que dichos argumentos se basan en comparaciones sesgadas entre modelos teóricos idealizados y una gestión pública deliberadamente infrafinanciada, tal y como advierte el propio interventor municipal.

Cuando se analizan datos reales —y no proyecciones— la evidencia empírica es concluyente: en municipios de tamaño similar, la gestión privada del agua resulta, de media, más cara, presenta mayores pérdidas de agua, realiza menos inversión efectiva en infraestructuras y añade costes estructurales y beneficios empresariales que se trasladan directamente a las tarifas. Además, la privatización transforma un monopolio público en un monopolio privado de larga duración, con elevados costes de transacción, pérdida de control democrático y riesgos asociados a la asimetría informativa y a comportamientos oportunistas.

El documento aborda también aspectos esenciales que trascienden el debate económico, como el derecho humano al agua y al saneamiento, reconocido por Naciones Unidas, el carácter del agua como bien común y servicio esencial, y la obligación de las administraciones públicas de garantizar su acceso universal en condiciones de equidad, asequibilidad y sostenibilidad.

Finalmente, lejos de limitarse a una crítica, este trabajo expone alternativas viables y más eficientes a la concesión privada, como la gestión pública optimizada, la cooperación intermunicipal o los modelos de gestión mixta, que permiten mejorar el servicio sin renunciar al control público ni convertir el agua en una mercancía.

Por la relevancia social, económica y democrática de esta decisión —que condicionará el modelo de gestión del agua durante varias décadas— el documento defiende la necesidad de un debate público amplio, transparente y fundamentado, así como la conveniencia de mecanismos de participación ciudadana que permitan a los vecinos y vecinas de Siero decidir informadamente sobre el futuro de un recurso esencial.