Economías de escala y optimización de costes

Por último, el argumento esgrimido de que las economías de escala y la optimización de costes justifican la privatización puede ser desmontado analizando las advertencias sobre comportamientos oportunistas, la evidencia de costes reales en España y las alternativas de gestión pública que también permiten optimizar recursos.

● La trampa de la subcontratación y la inflación de costes: Aunque los grandes concesionarios compran a mayores volúmenes, esto no suele traducirse en un ahorro para el municipio. Las fuentes advierten que las empresas privadas a menudo encarecen las facturas mediante la subcontratación a precios inflados de servicios o materiales prestados por otras empresas de su propio grupo empresarial.

Al operar con filiales del mismo grupo, el beneficio se queda dentro del conglomerado privado, anulando el supuesto ahorro por economía de escala para el ciudadano. Dicho de otro modo, ese ahorro de costes redunda en la empresa concesionaria y no en el ciudadano.

● Evidencia de costes: No hay mejor demostración que acudir a los estudios, en ellos se demuestra que la gestión privada es un 22% más cara.Frente a la teoría de la optimización, los datos empíricos de fiscalización en España ofrecen una realidad distinta. El Tribunal de Cuentas ha demostrado que en municipios de tamaño similar a Siero, la gestión privada es, de media, un 22% más cara que la pública. Además, a pesar de la supuesta eficiencia técnica, los operadores privados presentan un 30% más de pérdidas de agua en sus redes que los servicios gestionados directamente por el sector público.

● Alternativas públicas para lograr economías de escala: El sector público tiene mecanismos para lograr las mismas ventajas sin perder la gestión directa:

          ○ Cooperación intermunicipal: Los municipios pueden agruparse para realizar compras centralizadas de materiales o energía, logrando los mismos precios competitivos que un gran operador privado pero reinvirtiendo el ahorro íntegramente en el servicio.

          ○ Contratos de servicios específicos: Bajo gestión directa, el Ayuntamiento puede licitar públicamente el suministro de energía o materiales, accediendo a precios de mercado competitivos gracias a la concurrencia entre empresas especializadas sin necesidad de privatizar todo el ciclo integral del agua.

● Cuestionamiento de la gestión de cobro y el beneficio industrial: El argumento de la mayor eficiencia en el cobro (1,5% de impagados frente al 4,0%) debe ponderarse con el coste total del modelo privado:

          ○ Margen de beneficio: La gestión indirecta incluye necesariamente un beneficio industrial (estimado en el 5%) y gastos generales que no existen en la gestión directa. Este margen de beneficio a menudo absorbe cualquier supuesta ganancia por la reducción de impagados.

          ○ Asimetría informativa: Los operadores privados suelen proporcionar datos incompletos o interesados a la Administración (asimetría de información), lo que dificulta que el Ayuntamiento verifique si la optimización de costes es real o si se están produciendo rentas de monopolio en beneficio de la empresa.

● El mito de la «neutralidad» de los costes ocultos: Investigaciones sobre los «costes ocultos» demuestran que la supuesta ventaja de eficiencia privada desaparece cuando se analiza el ciclo completo. Mientras la gestión privada fija precios altos para asegurar el retorno inmediato de la inversión y el beneficio, la gestión pública a menudo mantiene tarifas más bajas financiando mejoras mediante deuda, lo que al final resulta en un coste real igual o menor para el ciudadano cuando se ajustan todas las variables financieras.