El argumento de que los operadores privados poseen una capacidad técnica y un «saber hacer» (know-how) superior que justifica la privatización no se ajusta a la realidad, simplemente analizando los informes de intervención, la evidencia empírica en municipios españoles y el análisis de la gestión de recursos humanos.
A continuación, se presentan los puntos clave para rebatir esta afirmación:
● La gestión de recursos frente a la forma de gestión: El informe de intervención municipal sostiene que la innovación, la especialización y la agilidad no son propiedades exclusivas de la empresa privada, sino que dependen de las prioridades en el empleo de los recursos y de la calidad de la dirección. Se argumenta que si un Ayuntamiento decide priorizar tecnológicamente el servicio y gestionarlo con medios adecuados, puede alcanzar los mismos niveles de eficiencia que un operador privado sin necesidad de ceder la gestión.
● Evidencia empírica de ineficiencia técnica privada: A pesar de la supuesta superioridad técnica, los datos reales de fiscalización contradicen este argumento:
○ Pérdidas de agua: En municipios de menos de 20.000 habitantes, se ha comprobado que la gestión privada presenta un 30% más de pérdidas de agua en las redes que la gestión pública.
○ Falta de inversión: Los operadores privados realizan, de media, un 15,5% menos de inversión real en infraestructuras que los servicios públicos, lo que pone en duda que su bagaje técnico se traduzca en una mejora efectiva de la red a largo plazo.
○ Coste superior: Estudios realizados sobre más de 3.500 municipios españoles muestran que la provisión de agua es más barata cuando se realiza directamente por el gobierno local, a pesar de la supuesta «eficiencia» privada.
● La falacia de la comparación con «modelos no comparables»: De nuevo, sacamos a colación el hecho de que desde la intervención dle propio Ayuntamiento de Siero se critica que las consultoras (como PWACS) comparan un modelo teórico ideal privado con un servicio público actual infra financiado y falto de personal,. Esta comparación es sesgada porque no evalúa lo que una gestión pública optimizada y con recursos suficientes podría lograr, sino que utiliza las carencias actuales del Ayuntamiento para justificar la superioridad técnica del privado.
● El «Know-how» reside en las personas, no en las siglas: Las fuentes académicas demuestran que el conocimiento técnico puede mantenerse o adquirirse bajo gestión pública:
○ Subrogación de personal: En procesos de remunicipalización exitosos, como el de Valladolid, el Ayuntamiento incorporó al personal de la empresa privada, asegurando así el mantenimiento de todo el conocimiento operativo y técnico acumulado durante años.
○ Contratación de expertos: El sector público puede contratar gerentes y técnicos especializados mediante procesos transparentes y objetivos, logrando la misma profesionalización que una gran empresa.
○ Contratos de servicios específicos: Un Ayuntamiento puede contratar innovaciones tecnológicas concretas (como la telelectura o la búsqueda de fugas) mediante contratos de servicios específicos sin necesidad de entregar la gestión integral del ciclo del agua a un tercero,.
● Riesgos de asimetría informativa y «captura»: La complejidad técnica del servicio puede ser usada por las empresas privadas en su beneficio. Bajo gestión indirecta, el Ayuntamiento suele enfrentarse a una asimetría de información, donde el concesionario utiliza su «superioridad técnica» para proporcionar datos incompletos o interesados,. Esto facilita comportamientos oportunistas, como el encarecimiento de facturas mediante subcontrataciones a empresas de su mismo grupo empresarial, algo que la gestión pública evita por su propia naturaleza. Dicho de otro modo, la empresa privada usa su Know How en su propio beneficio y no en el de los
usuarios del servicio.
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